La comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha discutido hoy por primera vez la necesidad de combatir el fenómeno de las pseudoterapias, técnicas supuestamente curativas sin respaldo científico, que confunden y ponen en peligro la salud de los pacientes. Había dos posibilidades sobre la mesa: una proposición no de ley para que los médicos denuncien estas situaciones y una condena genérica planteada por el Partido Popular. Solo se aprobó esta última, completada por el PSOE, en la que se reclama más información a la población sobre estos riesgos y se insta a las autonomías a vigilar los centros en los que los curanderos realizan sus prácticas.
La PNL de Ciudadanos, por su parte, invitaba al Gobierno a legislar para que los profesionales sanitarios tengan que denunciar a los curanderos que pongan en riesgo la salud del mismo modo que hacen en casos de maltrato. Esta propuesta fue rechazada por todos los partidos salvo por el grupo mixto y por tanto no salió adelante (5 votos a favor y 30 en contra), que no vieron la necesidad de ampliar la regulación, como expresó la portavoz del PP, Carmen Hernández. La propuesta del PP consiguió 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.
Más allá del resultado de las votaciones, las intervenciones de los portavoces de los grupos mostraron grandes diferencias sobre lo que son las pseudoterapias y cómo combatirlas. Francisco Igea, de Ciudadanos, defendió que su PNL ha «destapado una realidad que permanecía oculta», dijo, en referencia a la «estafa», los daños «e incluso la muerte» de pacientes con enfermedades como consecuencia de la práctica de pseudoterapias. «No podemos dejar a las personas más débiles al albur de los peores embaucadores», sentenció.
Frente a este planteamiento, el portavoz del PSOE, Jesús Fernández, hizo una enmienda a la totalidad del discurso de Igea, defendiendo el papel de las llamadas terapias alternativas, a pesar de que carecen de utilidad médica según un informe específico realizado por el Ministerio de Sanidad. Fernández comenzó leyendo el famoso pasaje del Quijote sobre los molinos y gigantes, para acusar a Ciudadanos de «confundir los enemigos». «Confunde las terapias alternativas con las pseudoterapias», criticó Fernández, que planteó una defensa de la llamada medicina alternativa. «Hay una medicina científica con visión biologicista», aseguró Fernández, «y hay una medicina alternativa o tradicional que viene desde mucho más atrás».
El diputado del PSOE, que también es médico, defendió que hay distintos tipos de evidencia y aseguró que también hay «errores» en la «medicina científica». Por tanto, aseguró que estas técnicas tienen un papel complementario y afirmó que «no se puede exigir el mismo nivel de evidencia científica a terapias que en su mayor parte son inocuas». Por último, propuso que se sigan persiguiendo las conductas delictivas y que se continúe «estudiando y regulando las terapias alternativas».
La primera iniciativa la presentó en febrero el grupo de Ciudadanos con la intención de «hacer algo útil» para proteger a los pacientes de las pseudoterapias y acabar con la «impunidad» de los curanderos, según explicaba su impulsor, el médico Francisco Igea. Este diputado también llevó el asunto al pleno del Congreso al preguntarle directamente a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, qué estaba haciendo su departamento para combatir este fenómeno que ya ha provocado muertes por culpa de la confusión que crean entre los pacientes. En cualquier caso, Igea se felicitaba antes del debate por haber colocado este asunto en la agenda política y porque el Gobierno ya estaría obligado a tomárselo en serio.
No obstante, la propuesta de Ciudadanos resultaba polémica y difícil de apoyar por el resto de grupos, al obligar a los profesionales sanitarios a denunciar judicialmente las actividades de curanderos que estuvieran poniendo en riesgo la salud de algún paciente. Mientras que Igea defendía que este protocolo sería similar al que ya se da en los casos de maltrato infantil, las críticas se centraban en la idea de convertir al médico en una figura policial o en la carga de trabajo añadida a los profesionales.
El PP había recibido numerosas críticas después de varias semanas en las que su grupo parlamentario no quiso definir su posición sobre este asunto, llegando a negar que tuviera una postura frente a la homeopatía, unos preparados que Sanidad y la Real Academia de Farmacia consideran inútiles. Finalmente, presentó una PNL en la que ponía el foco en la responsabilidad de las comunidades autónomas para combatir el problema. Poco después la consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón (PSOE), dictó una orden para alejar las pseudoterapias de los centros públicos de salud.
En pleno debate político sobre el fenómeno de las pseudociencias, el área de I+D de Podemos impulsó un documento, ratificado por el partido hace unos días, en el que se denunciaban las pseudoterapias porque «se aprovechan del sufrimiento de los enfermos y cuidadores», señalaba que «corresponde a las autoridades atajar su difusión» y reclamaba un sistema nacional de salud mejor financiado y de calidad para que ofrezca mejor atención a los pacientes.
